Los alcances de la d

Los alcances de la derogación del Decreto 26
Por Sergio Romero P., Presidente del Senado
Presidente del Senado Sergio Romero
Hace algunos días me correspondió participar como panelista en el seminario en que la Asociación Nacional de la Prensa y la Universidad Diego Portales presentaron el segundo estudio Barómetro de Acceso a la información, que por medio de la opinión de profesionales de la prensa evaluó la calidad de acceso a la información de 51 instituciones, tanto públicas como privadas.
 
En dicha oportunidad, junto con comprobar con satisfacción que el Senado figuró entre las diez instituciones mejor evaluadas en el ranking de acceso a la información, ubicándose entre los cuatro organismos del Estado señalados con altos índices de confiabilidad y oportunidad en la entrega de información, tuve ocasión de referirme a la trascendencia del nuevo artículo 8º de la Carta Fundamental, que ha consagrado la publicidad de los actos y resoluciones de los organismos del Estado, erradicando la práctica del secretismo, tan extendida entre muchos organismos públicos. También tuve ocasión de recordar cómo el Senado ha emprendido, sin demora, el proceso de adecuación de su normativa orgánica y reglamentaria a la nueva disposición constitucional, a fin de establecer en ella la publicidad de los actos y sesiones de la Corporación, salvo las contadas y calificadas excepciones previstas en la Constitución.
 
Como es sabido, el Senado ha estimado que con la entrada en vigor de la Reforma, el 26 de agosto pasado, las normas de su Reglamento que autorizaban el secreto en casos no previstos en la nueva normativa Fundamental, quedaron derogadas, y ha actuado en consecuencia, votando en forma pública diversos nombramientos que, con anterioridad, se resolvían en forma secreta. El acierto de este proceder de la Mesa que presido fue confirmado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Corporación, la cual, respondiendo una consulta de la Sala, ha informado que las nuevas disposiciones de publicidad de los actos y resoluciones del Estado rigen “in actum”, por el solo ministerio de la norma y sin dilaciones de ninguna especie, y que ante el claro tenor del nuevo artículo 8º debe concluirse que toda excepción al principio de publicidad consagrado en regulaciones de índole reglamentaria ha quedado de inmediato derogada. Por ello, entre las conclusiones de su informe, señala que deben entenderse derogadas las disposiciones sobre secreto previstas en el Reglamento de la Corporación, por no tener rango ni contenido de ley, con excepción de una de ellas, que se refiere al tratamiento de asuntos relativos a las relaciones internacionales, pues está prevista en la propia Constitución.
 
Con estos antecedentes, y sobre la base de la conducta seguida por el Senado, en vista de la presencia en el Seminario del Ministro señor  Osvaldo Puccio, creí oportuno referirme al polémico decreto supremo Nº26, de 2001, que establece la posibilidad de declarar reservada cierta información, dejando en manos de los Jefes de Servicio la dictación de las respectivas resoluciones. Junto con solicitar al personero de Gobierno un pronunciamiento claro acerca del secretismo, le señalé que, a mi juicio, al igual que las normas del Reglamento del Senado, el citado reglamento había quedado también derogado por el nuevo artículo 8º de la Constitución.
 
Aunque no obtuve respuesta en dicha ocasión,  el Gobierno ponderó la gravedad de mantener en vigor una norma reglamentaria que se encuentra en tan abierta contradicción con la Constitución;  y anunció que enviará esta semana a la Contraloría un Decreto derogatorio al  D.S. Nº 26  del año 2001,  esto es lo que correspondía en derecho hacer, ya que nos parecía  inexplicable que, con posterioridad a la entrada en vigor de la Reforma, se haya hecho uso de dicha normativa a lo menos en dos ocasiones, declarando, en forma abiertamente inconstitucional, la reserva o secreto de ciertos actos, por resolución administrativa. Me refiero a una resolución de la Subsecretaría de Marina, publicada en el Diario Oficial de 3 de octubre, y a otra, de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA), publicada en el Diario Oficial de 15 de noviembre.
 
Este, sin duda,  es un final feliz, para quienes sostenemos en los hechos y en el derecho que los chilenos deben tener el acceso que corresponda a la información a través de una adecuada transparencia, que está consagrada en la Constitución Política de Chile.

LOS CIUDADANOS PERC

LOS CIUDADANOS  PERCIBEN A LO PARTIDOS POLÍTICOS COMO LAS ENTIDADES MÁS CORRUPTAS Y LA SOLUCION ES MAS TRANSPARENCIA
Tres años de lo mismo, los partidos políticos son percibidos por los ciudadanos como las entidades más corruptas en la mayoría de los países del mundo, según datos de Transparencia Internacional. Sin embargo, el dato más preocupante del estudio es que aumenta la desconfianza de los ciudadanos en todas las instituciones, sin excepción, sobre todo en las relacionadas con la política y el gobierno. En la medida que el ciudadano va adquiriendo más importancia,  esto será peor..Los partidos tienen una deuda  ante el ciudadano  y deben reaccionar al igual que los gobiernos que forman.
El Barómetro Global 2005 de la Corrupción de Transparencia Internacional – de reciente publicación- también revela que los ciudadanos creen que la situación ha empeorado. Transparencia Internacional, que aprovechó el Día Mundial de Lucha contra la Corrupción para publicar su informe anual, realizado sobre la percepción de 55.000 personas de 69 Estados, considera las conclusiones "preocupantes" y "no muy optimistas". Tres años seguidos los ciudadanos de 45 de los 69 países encuestados reservan su peor nota para los partidos políticos. En 2004, los partidos eran considerados como las instituciones más corruptas en 36 de 62 países estudiados. Detrás vienen los parlamentos (3,7), la policía (3,6) y el sistema judicial (3,5). El barómetro es "una denuncia a los sistemas políticos y de justicia en todo el mundo", apunta el informe.  Entonces, la pregunta será : ¿si son los partidos los más corruptos, los parlamentos, que valor tienen  las coaliciones  que  nominan y eligen sus candidatos  de representación ciudadana?
Luego los ¿jueces y policías? Entonces, donde quedamos los ciudadanos… en la ¿indefensión jurídica y material que nos garantiza la constitución ?
Si "para los ciudadanos, la corrupción empeora" y . "La política está contaminada por la corrupción : ¿que pasa con los gobiernos  que luego integran ?

Si “Los partidos” … no responden a la ética que la sociedad les pide . ¿y entonces que?  Más de algo anda mal en estos países encuestados . ¿O las encuestas no sirven?… Las encuestan las arreglan, son parciales – como se dice por estos lados…

Pero lo que es más grave aún: "no hay sensación de que la cosa mejore". Y lo dicen especialistas …que leen bien los números … La mayoría de la población de 48 de los 69 Estados encuestados considera que la corrupción aumentó en los últimos tres años y el 44% piensa que aumentará en los próximos tres, mientras el 30% cree que el nivel de corrupción se mantendrá igual señala el informe
Otro dato del estudio de Transparencia es que ninguna institución es más o menos limpia u honrada.

Ciertas  ONG y las entidades religiosas, que suelen beneficiarse de más confianza, obtienen, en el mundo, puntuaciones superiores a 2,5 (2,8 y 2,6, respectivamente). "Esa percepción negativa se explica cuando las iglesias se meten en política, cuando aspectos religiosos están en el centro del debate político", cuando las Iglesias opinan deliberantemente en política como si fueran un partido más.
Ante esto especialistas sugieren un mayor debate  público, debate entre instituciones, debate ciudadano , una mayor educación   y más transparencia" una real transparencia y menos secretismo.

Yo recomiendo leer a Francisco Rubiales, doctor en Periodismo  en “ la Democracia Secuestrada” de editorial Almuzara , España  porque allí hay un análisis diferente de lo que debiera ser una democracia y el rol ciudadano.

Saludos Rodrigo González Fernández, parpolitic.blogspot.com