Transparencia para la Universidad de Chile
La ocultación o confusión de los datos, aparte de ofender la dignidad republicana de los chilenos y chilenas, hiere a los académicos y académicas que quieren saber si los recursos, escasos, se reparten de manera justa y según criterios objetivos. Despejar con decisión esas interrogantes y airear los funcionamientos internos es, pues, un deber de quienes creen en las universidades públicas.
Por Juan Guillermo Tejeda*
El Consejo Universitario, máximo instancia de gobierno de la Universidad de Chile, ha decidido no aplicar las normas de transparencia que obligan a las instituciones públicas a publicar en sitio visible y de modo completo, el listado de personal de planta, a contrata y a honorarios. Hace un par de meses se trató allí el asunto de la ley de transparencia llegándose a la conclusión, después de un informe del Contralor Interno y la Dirección Jurídica de la Universidad, que la situación de las universidades públicas "es distinta de las entidades públicas de servicio, en cuanto a tener o no competidores". De este modo la Universidad acordó hacer pública sólo parte de la información, quedando lo específico reducido a información solicitada personalmente por el o los interesados.
Sin embargo una Decisión de 29 de mayo de 2009 emitida a raíz de un reclamo por el Consejo para la Transparencia, ordena al Rector de la Universidad de Los Lagos -mismo tipo de institución que la Universidad de Chile- que publique en su sitio web toda la información que hasta ahora ha mezquinado al público.
Creo que no transparentar los datos y esquivar las normas de transparencia es para la Universidad de Chile una política radicalmente equivocada, que atenta contra el prestigio de nuestra institución. Lamento que se esté aplicando. ¿Qué razones hay para esconder las cifras? No se entiende que una universidad que constituye su propia identidad por el hecho de ser pública, dificulte que cualquier chileno o chilena sepa qué se hace con los dineros. Mal que mal los inmuebles de la Universidad son de propiedad fiscal, sus profesores y personal de colaboración son empleados públicos, y el aporte del estado, modestísimo por cierto y muy inferior a lo que debería ser, llega a casi un 20%. En un presupuesto de 300 mil millones al año estamos hablando de 60 mil millones de pesos.
Pero la ocultación o confusión de los datos, aparte de ofender la dignidad republicana de los chilenos y chilenas, hiere a los académicos y académicas que quieren saber si los recursos, escasos, se reparten de manera justa y según criterios objetivos. Y también a los estudiantes y al personal de colaboración. Toda corporación -la Universidad de Chile lo es- sufre de una natural tendencia a la endogamia, a la burocracia, a los tráficos de influencia, a los favores interpersonales. Despejar con decisión esas interrogantes y airear los funcionamientos internos es, pues, un deber de quienes creen en las universidades públicas. La transparencia es una herramienta que genera confianzas y previene abusos.
Peor se entiende esta política -para llamarla de algún modo- en el contexto de la petición de un nuevo trato para las universidades públicas, cuyas máximas autoridades demandan hoy -con toda justicia y sensatez- que el estado las apoye debidamente. Se trata de alcanzar los niveles de cooperación de los países desarrollados, a cambio de presentar desempeños transparentes y objetivamente cuantificables.
Las universidades públicas son instituciones indispensables para el desarrollo de las sociedades modernas. Sólo en ellas se dan las condiciones de pluralismo, equidad, convivencia ciudadana, complejidad, libertad de cátedra y sentido de servicio al país, que son relevantes para el desarrollo del saber. En Chile se ha atentado en contra del ser de nuestras universidades desde la dictadura, y también desde el mercado. La normalización universitaria chilena pasa por la recuperación de nuestras universidades públicas. Y la opacidad corporativa, ciertamente, no ayuda a restaurar confianzas entre el estado, la sociedad, los medios y el mundo académico.
Escuela de civismo, motor de los valores republicanos, modelo para las nuevas generaciones, la Universidad de Chile debe ser leída y vivida por los ciudadanos chilenos como un espacio confiable, transparente, abierto, eficiente, riguroso, donde se aplican criterios objetivos y no hay espacio alguno para las sombras o los ocultamientos.
*Es profesor asociado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.
Fuente:el mostrador
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Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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