La Ley no puede ser un cachondeo
Cuando ayer escribía sobre el tema de Telefónica me di cuenta que el problema que estamos viviendo en este país es que de un tiempo a esta parte hay determinadas personas, colectivos o grupos que siempre quieren estar de la parte ancha del embudo.
Esta semana hemos tenido oportunidad de oír al señor Ibarretxe hablar de España y de Euskadi como si fueran dos países distintos.
Estoy seguro que el señor Ibarretxe y todo el Gobierno español, incluido el ministro de Justicia, saben que esas expresiones no son legales, pues mientras no se cambie la actual Constitución y legalidad vigente, el País Vasco pertenece a España y bajo ningún concepto se puede contemplar el planteamiento de una relación bilateral País Vasco-España.
Si para que "la bestia" no muerda demasiado hay que cerrar los ojos y oídos a determinadas posiciones y actitudes, lo único que van a conseguir es que cada vez más tengamos menos confianza, ya no en resolver el problema del País Vasco, sino en la fiabilidad y confianza en el Gobierno de España, como está empezando a poner de manifiesto la banda terrorista ETA, por medio de Gara, mediante las revelaciones con las que nos está obsequiando estos días.
Todos aquellos que exigen que se cumpla la legalidad, son los primeros en disculpar su incumplimiento, en el caso de que vaya en contra de sus intereses. Y lo peor no es la posición de los intransigentes, sino que nuestros gobiernos e instituciones empiezan a considerar como normal el desprecio a la legalidad y el reto al incumplimiento de la misma.
Siempre he defendido que cuando hay un problema hay que solucionarlo, pero desde luego no puedo estar de acuerdo con que la forma de resolver un problema sea taparse los ojos y hacer oídos sordos a actitudes y/o situaciones que tratan de forzar al límite la convivencia.
En la Comunidad Valenciana estamos viviendo una situación que refleja perfectamente esa actitud de desprecio a la legalidad. Hace más de 20 años que la Comunidad Valenciana y Cataluña, por motivos obvios, debieran haber resuelto la reciprocidad en la recepción de los canales de sus televisiones públicas, pero como de alguna forma no era políticamente correcto hacer cumplir la legislación por si los intelectuales de siempre tachaban a los gobiernos de anti-catalanistas o de contrarios a la defensa de la libertad de expresión, la situación se ha ido aparcando hasta que la justicia ha intervenido mediante una orden judicial de cierre de los repetidores de la señal de TV3 en la Comunidad Valenciana.
El cumplimiento de la orden judicial no se ha podido ejercer porque un grupo, que no llega a 100 personas, se plantaron delante de la Guardia Civil y ésta no sólo no los detuvo sino que, con la excusa de que no se armara un alboroto público, permitió que el funcionario de turno se fuera sin cumplir su cometido.
Estos que se han opuesto al cumplimiento de la sentencia judicial son los mismos que reclaman que se cumplan escrupulosamente las sentencias cuando las mismas son favorables a sus intereses.
Rodrigo González Fernández
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