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viernes, junio 26, 2009

En el Congreso hay una veintena de proyectos sobre protección de la vida privada y datos personales en diferentes trámites

En el Congreso hay una veintena de proyectos sobre protección de la vida privada y datos personales en diferentes trámites
 
Las iniciativas van desde reformas constitucionales para consagrar en la Constitución la protección de datos privados hasta modificaciones a diversos cuerpos legales para regular las actuales normas sobre bases de datos, información comercial, propaganda telefónica o a través de correos electrónicos.

Un total de 27 proyectos que modifican la Ley sobre protección a la vida privada y otras legislaciones para garantizar dichos derechos se encuentran en trámite en el Congreso Nacional.  De ellos, 7 corresponden a mociones de senadores y el resto a iniciativas legales de diputados y del Ejecutivo.

Todos estos proyectos se encuentran en primer trámite. Entre los más recientes está la propuesta de reforma constitucional del senador Jorge Pizarro  para resguardar en la Carta Fundamental la protección a los datos personales la que se encuentra en la Comisión de Constitución.

En tanto, los senadores Jaime Naranjo y Carlos Ominami, son los autores de una moción que regula el envío de correos electrónicos y llamadas telefónicas con fines comerciales. La iniciativa se encuentra en primer trámite, en la Comisión de Economía.

Por su parte, el senador Carlos Bianchi impulsa dos proyectos relativos a la información comercial; el primero impide la publicación de información económica y bancaria personal de los adultos mayores de 60 años. El  segundo, modifica la Ley sobre protección a la vida privada para que las instituciones financieras incluyan información sobre el rechazo de instrumentos de pago, tales como cheques.

A su vez, el senador Jovino Novoa presentó una propuesta que modifica la Ley sobre protección a la vida privada a fin de evitar el uso abusivo de los datos personales. La iniciativa se encuentra en la Comisión de Constitución.

 

Y el senador Alejandro Navarro, el autor de una moción que regula las actividades de los investigadores privados.

 

También está en trámite, la moción del senador Pedro Muñoz que propone incorporar en los registros o bancos de datos personales, las deudas previsionales que se mantengan con los respectivos trabajadores. Adicionalmente anunció la presentación de un nuevo proyecto de Reforma a la Carta Fundamental con el fin de crear una Agencia de Protección de Datos Personales, con la función de fiscalizar a los organismos públicos y privados que mantengan este tipo de registros, sancionar administrativamente las infracciones a las normas vigentes y promover los derechos de los ciudadanos en esta materia.

 

El legislador explicó que "éste es un enorme vacío en nuestra legislación, que ha sido advertido por entidades multilaterales como la OCDE, en atención a los numerosos casos de francas vulneraciones, como el denunciado hace pocas semanas respecto del traspaso de datos médicos por parte de una Isapre a una cadena farmacéutica".

 

Manifestó que si bien existen proyectos en trámite en la Cámara de Diputados que buscan mejorar las actuales disposiciones respecto de los datos personales y financieros, en lo referido a las infracciones y sanciones, ellos contemplan como instancia reguladora del sistema al recientemente creado Consejo para la Transparencia, al que se le incorporarían nuevas facultades.

 

Además, recordó que en la Cámara de Diputados se encuentra el  proyecto del gobierno que establece multas de hasta $368 millones para los infractores del derecho de las personas a controlar el uso de sus datos personales. De este modo se pretende evitar que se repitan casos como el reciente traspaso de información confidencial sin el consentimiento de los  pacientes, desde las Isapres a cadenas de farmacias

 


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Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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Libertad de expresión vs. vigilancia en la era digital

Libertad de expresión vs. vigilancia en la era digital

Por Amy Goodman

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Nokia Siemens negó la afirmación, diciendo en un comunicado de prensa que la empresa "proporcionó a Irán la tecnología para la Intercepción Legal únicamente para monitorear llamadas telefónicas locales". Es justamente la cuestión de qué es legal, la que debe abordarse. "Intercepción legal" significa que la gente puede ser vigilada, ubicada y censurada. Es preciso que se adopten normas mundiales que protejan la libertad de comunicarse y discrepar.

China tiene un sistema muy sofisticado de vigilancia y censura en Internet, conocido como "la Gran Muralla de Fuego China", que atrajo mucha atención antes de los Juegos Olímpicos de 2008. Un documento filtrado en una audiencia de derechos humanos del Senado de Estados Unidos implicó a Cisco, una fabricante de routers de Internet con sede en California, en la comercialización de tecnología al gobierno chino, para adaptarse a las metas de vigilancia y censura. El gobierno chino ahora exige que todas las computadoras vendidas después del 1° de julio de 2009 incluyan el software denominado "Green Dam" (Represa Verde, en español), que los críticos dicen que le dará aún más poder al gobierno para viligar el uso de Internet.

Josh Silver, Director Ejecutivo de Free Press, un grupo de política de medios, dice que las acciones de Irán y China deberían alertarnos sobre cuestiones de vigilancia interna en Estados Unidos. Silver me dijo: "Esta tecnología que monitorea todo lo que circula a través de Internet es algo que funciona, está disponible, y no hay legislación en Estados Unidos que impida que el gobierno estadounidense la utilice. Es de público conocimiento que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés), durante el gobierno de Bush, durante los últimos siete, ocho años, desde el 11 de septiembre en particular, le solicitó a las principales empresas proveedoras de Internet, en particular AT&T y Verizon, que usaran componentes tecnológicos fabricados por algunas de estas empresas, como Cisco, que harían lo que acabo de describir, que escucharían para vigilar el contenido que circulaba en Internet y en las líneas telefónicas en todo el país". Este equipamiento fue la columna vertebral del programa de "escuchas telefónicas sin orden judicial".

Thomas Tamm fue el abogado del Departamento de Justicia que denunció el programa. En 2004, llamó a New York Times desde un teléfono público del subte y le contó al periodista Eric Lichtblau sobre la existencia de un programa secreto de vigilancia a nivel nacional. En 2007, el FBI allanó su casa y confiscó tres computadoras y archivos personales. Aún afronta un posible procesamiento.

Tamm me dijo: "Creo que puse a mi país primero (…) Tenemos un procedimiento legal en vigencia a través del tribunal de la FISA (Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) para permitir las escuchas telefónicas legales de estadounidenses que van al extranjero. Se debe poder demostrar causa probable de que quizá están vinculados al terrorismo, pero esa no es una dificultad para el gobierno. Y estoy convencido de que muchos más estadounidenses fueron sometidos ilegalmente a escuchas telefónicas de lo que sabemos. No sabemos lo que se hizo con esa información. Y apenas cuando empezamos a enterarnos de cuántas personas fueron torturadas a nombre nuestro, también nos vamos enterando de a poco sobre el alcance de las escuchas telefónicas. Lamentablemente, debo decir que no me sorprende, porque el gobierno no estaba cumpliendo la ley cuando hablé con el New York Times y, aparentemente, no la están cumpliendo ahora tampoco".

El programa de escuhas telefónicas sin órdenes judiciales fue considerado ilegal por una amplia mayoría. Luego de haber cambiado abruptamente de posición en la mitad de su campaña, el entonces senador Barack Obama votó junto con la mayoría del Congreso para otorgar a las empresas de telecomunicaciones, como AT&T y Verizon, inmunidad retroactiva de ser procesadas. El New York Times recientemente informó que la NSA tiene una base de datos llamada Pinwale, con millones de correos electrónicos interceptados, incluso algunos del ex Presidente Bill Clinton.

En una reciente audiencia del Senado, el senador Russ Feingold le preguntó al Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, si creía que el programa original de escuchas telefónicas sin orden judicial era ilegal.

El senador Russ Feingold dijo: "Ahora que es Fiscal General; ¿tiene alguna duda sobre la ilegalidad del programa de escuchas telefónicas sin orden judicial?".

Eric Holder respondió: "Creo que el programa de escuchas telefónicas sin orden judicial, con las características que tenía en ese momento, fue ciertamente desacertado, ya que se implementó sin aprobación del Congreso".

El senador Feingold preguntó: "¿Pero cree que fue ilegal?".

Holder respondió: "Bueno, como ya dije, no se ajustaba a la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera y era desacertado como política".

Los disidentes en Irán y China permanecen firmes a pesar de la represión, que es posibilitada, en parte, por los equipos de empresas estadounidenses y europeas. En Estados Unidos, el gobierno de Obama está siguiendo un camino peligroso en relación con los programas de espionaje de la era Bush, que deberían ser suspendidos y puestos a consideración de la justicia, en lugar de ser ampliados y defendidos.

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Denis Moynihan colaboró en la investigación de esta columna.

Amy Goodman es presentadora de "Democracy Now!", un noticiero internacional diario de una hora que se emite en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. Es co-autora del libro "Standing Up to the Madness: Ordinary Heroes in Extraordinary Times", recientemente publicado en edición de bolsillo.

© 2009 Amy Goodman

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org


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Saludos
Rodrigo González Fernández
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