Proyecto sobre acceso a información pública
Jaime Bellolio R.
Ex Presidente de la Federación de Medios de Comunicación A.G.
El proyecto de ley sobre acceso a la información pública se encuentra para Comisión Mixta, después de haber sido rechazadas por el Senado las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados a dicha propuesta legislativa.
Si bien es comprensible que los tiempos de tramitación de la ley sean lo suficientemente largos para dar cabida a los diversos procedimientos y la reflexión de ellos, no se puede negar -tras introducir referencias expresas a la probidad, la transparencia y el libre acceso a la información pública en la Carta Fundamental hace dos años- que dictar de una vez las normas necesarias para que esos principios se materialicen, se ha transformado en un asunto de gran urgencia en lo sustantivo.
En primer término, conviene aprovechar el momento político más proclive al diálogo que se vive actualmente y que es fundamental para que los conceptos, contenidos y, sobre todo, deberes que se imponen a los entes públicos en el proyecto puedan transformarse efectivamente en una realidad, sobre todo si consideramos la natural tendencia que ha tenido el sistema público chileno a mantener informaciones más bien en reserva.
Para la ciudadanía resulta muy alentador visualizar en su clase política, más allá de las naturales diferencias, la existencia de temáticas transversales de interés y preocupación de todos, particularmente cuando significan una mayor participación de la ciudadanía en la cosa pública y permiten escrutar las decisiones, fundamentos y administración de recursos que realizan entidades que son, finalmente, financiadas por todos los chilenos.
En segundo término, sobre el contenido del proyecto, no es insistencia recordar la necesidad de que la información no sólo sea veraz, sino también oportuna, por lo cual se requiere que el acceso a ella tenga tanta prontitud como trasfondo. Durante mucho tiempo, hemos presenciado demoras y lentitud de los procesos de acceso a la información, a veces entregada sólo frente a procesos judiciales o situaciones lesivas. Es muy probable que los daños materiales causados, el deterioro del prestigio y la impresión de "opacidad" que muchos tienen sobre los órganos del Estado, se podrían haber evitado con información pronta y precisa, y de este modo estaría mejor protegida nuestra democracia.
Como se ha evidenciado el último tiempo, si bien puede parecer que las entidades ganan poder por no transmitir informaciones relevantes o pretender ocultar ciertos aspectos de su gestión, la verdad es que esa eventual ganancia se paga siempre cara: Allí donde no hay datos reales, allí donde no se rinde cuenta de los actos propios, las suposiciones, los comentarios, "trascendidos" y especulaciones pueden transformar la confianza y credibilidad esperada por los gobernantes y autoridades en desconfianza, desilusión y una impresión de corrupción que a veces puede no corresponder a la realidad.
En tercer término, el acceso a la información pública no constituye tan sólo un interés nacional o local. En momentos en los cuales el mundo está prácticamente globalizado y los países son "medidos" no sólo de acuerdo a estándares económicos, sino también por la transparencia y probidad, reconocimiento y protección de los derechos de las personas -sobre todo de las más vulnerables- y cuidado del medio ambiente y recursos naturales, contar con una legislación moderna, dinámica y responsable en esta materia es indispensable. Recordemos la sentencia en contra de Chile dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año 2006, la cual deja de manifiesto nuestro atraso en esta materia y la responsabilidad del Estado por tal situación, como lo señalara hace poco en esta misma sección el Presidente de la Fundación Pro Acceso Juan Pablo Olmedo.
El hecho de que los presidentes y representantes de ambas Cámaras del Congreso hayan manifestado a la Presidenta de la República que este proyecto es uno de los que tienen mayor prioridad para ellos, parece una gran ocasión para demostrar el grado de compromiso y unidad de todos los sectores para avanzar decididamente a favor de la transparencia y la probidad en Chile.
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Rodrigo González Fernández
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