Gobierno frena nominación de Consejo de Transparencia por riesgo de rechazo aliancista
El ministro Viera-Gallo en conversaciones en el Congreso pidió a los senadores opositores que sugirieran nombres para el consejo, pero la derecha se negó.
La Tercera
Ministro José Antonio Viera-Gallo
En un nuevo coletazo por la ruptura de relaciones con La Moneda, la Alianza notificó al gobierno que no se sentarán a conversar sobre los integrantes del futuro Consejo de la Transparencia mientras no se resuelva el nombre del nuevo juez que llegará a la Corte Suprema.
Pese a que el Ejecutivo quería presentar la próxima semana a los cuatro consejeros de la entidad (creada por la nueva ley de transparencia) la postura asumida por la oposición obligó a readecuar los planes para evitar un nuevo rechazo a una eventual propuesta de la Presidenta.
El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, ayer desdramatizó las razones. "No vamos a forzar nada, lo haremos en el momento que sea oportuno y quisiéramos que fuera antes de Fiestas Patrias (…) Pensábamos que podía ser un trámite más fácil, pero ha habido demasiadas actividades".
El ministro señaló que el Ejecutivo va a auscultar la opinión de las distintas corrientes, pero aclaró que la idea no es realizar una "negociación política" por el consejo.
En los últimos días, Viera-Gallo sostuvo conversaciones en el Congreso con algunos senadores para pedirle que sugirieran nombres. Pero las directivas de la UDI y RN se negaron a entregar cualquier sugerencia y emplazaron a La Moneda a enviar su propuesta. El escenario obligaba al gobierno actuar a ciegas.
Aunque la Alianza actuó en bloque, en el gobierno creen que se impuso la tesis de RN, que el día de la promulgación de la ley de transparencia se marginó de la ceremonia en señal de molestia por el rechazo a la designación de Alfredo Pfeiffer como juez de la Suprema, lo que a juicio de la oposición quebró un compromiso.
La composición del Consejo de Transparencia es considerada como clave para implementar con éxito la nueva ley, que obliga al Estado a publicar una serie de antecedentes en internet y consagra el derecho a acceder a toda información pública.
