La Oficina del Defensor del Pueblo ha solicitado a la Comisión Europea una reforma de la legislación sobre contratación pública y acceso a los documentos con el fin de dar el mayor acceso posible a los ciudadanos y a las instituciones estatales interesadas. La queja más común entre las que examina la Oficina del Defensor del Pueblo Europeo es la falta de transparencia en la administración de la UE, lo que supone en torno al 36% de las investigaciones. En este concepto, se incluyen los casos de denegación de información o documentos, retrasos en los pagos de los proyectos de la UE, injusticias, abuso de poder y discriminación.
Un caso muy interesante, teniendo en cuenta el escándalo que actualmente se vive en el Reino Unido, es el que se refiere al acceso a la información sobre las asignaciones pagadas a los diputados al Parlamento Europeo. En 2005, el Parlamento rechazó la petición de un periodista maltés para obtener información acerca de las dietas de los diputados de su país percibían. Era una solicitud basada en el Reglamento 1049/2001, pero el Parlamento justificó su negativa por motivos de protección de datos.
El periodista elevó una queja ante el Defensor del Pueblo, argumentando que los contribuyentes tienen derecho a saber cómo gastan el dinero público los eurodiputados.
Consultado el Supervisor Europeo de Protección de Datos, consideró que, aunque los diputados tienen derecho a la protección de su vida privada, la consideración debería basarse en que los ciudadanos tienen derecho a ser informados sobre el comportamiento y el gasto de fondos públicos que se les encomiendan a los eurodiputados.
Por lo tanto, instó al Parlamento a revelar la información solicitada. El Parlamento aceptó sólo una parte de la recomendación, escudándose en algunas sentencias comunitarias, aunque al tiempo anunciaba que publicará información general sobre las dietas de los diputados en su página web. El Defensor del Pueblo, ha denunciado que la actitud del Parlamento atentó contra el principio de transparencia.
Por eso, el griego Nikiforos Diamandouros, ha decidido solicitar un cambio normativo a favor de la transparencia informativa, que redundará en una mejor visión sobre la figura de las instituciones comunitarias por parte de los ciudadanos, en unos momentos de euroescepticimismo generalizado.
Una de las claves más importantes del funcionamiento de la Unión Europea para evitar la falta de transparencia es que la carga de la prueba (demostrar que una cosa es verdad) recae sobre la autoridad pública que niega una solicitud de acceso público a los documentos. Se trata de una inversión en la presunción de muchos de los sistemas jurídicos de muchos de los países miembros.
Existen reglas, no obstante, que condicionan el acceso de los ciudadanos a algunos documentos basadas en el principio de la intimidad y en la legislación comunitaria sobre protección de datos personales. En un escalón superior se encuentran las que hacen referencia a la seguridad y a la defensa nacional, que afectan al secreto.
En el otro fiel de la balanza están los objetivos de interés público, incluidas también la seguridad nacional, la defensa y la seguridad pública. Nadie duda, por ejemplo, que la policía tiene derecho a obtener información sobre las personas con el fin de prevenir y detectar el delito, dentro de los delicados límites de la vigilancia.
El reto fundamental es, pues, equilibrar y conciliar los derechos e intereses que están presentes cada vez que la transparencia es que se trata y cuando la vida privada y la protección de datos, están en cuestión.
Desde el punto de vista de las Administraciones Públicas Estatales, el año pasado el Defensor del Pueblo dio la razón a España por la falta de información que la Comisión Europea facilitó al Gobierno sobre la apertura de un expediente sancionador sobre la fiscalidad de los incrementos de capital.
Aunque pueda parecer mentira, España es el país con más pleitos en el Tribunal Europeo, pero también es el segundo (detrás de Alemania, con el 16% del total), en número de quejas ante el Defensor del Pueblo comunitario (10%), por encima de Polonia (8%) y de Francia (7%).
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Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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