miércoles, junio 04, 2008

"Se advierte una clara tendencia a cerrar la información"

El IFAI de Lujambio, convertido en un elefante blanco, afirma especialista

Elizabeth Velasco C.

Ampliar la imagen La labor de Alonso Lujambio al frente del IFAI, cuestionada por investigadores La labor de Alonso Lujambio al frente del IFAI, cuestionada por investigadoresFoto: Cristina Rodríguez

A partir de la gestión de Alonso Lujambio como presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), ese órgano cada vez más "se convierte en un elefante blanco", por su proclividad a la "opacidad" y el incumplimiento de sus facultades constitucionales, afirmó la coordinadora general de la asociación Libertad-Información México AC (Limac), Perla Gómez.

A unas horas de que Lujambio presente el quinto informe de actividades del IFAI ante el Congreso, la especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México destacó que tras un minucioso estudio que involucra más de 2 mil resoluciones de ese instituto, antes y después de la llegada de Lujambio, se advierte "una clara tendencia a cerrar la información".

Según los resultados del estudio, IFAI: avances y retrocesos. Análisis jurídico 2007, en 91 por ciento de los casos no se efectuaron audiencias; en 61 por ciento no se cumplió con la facultad de investigar; en 96.4 por ciento no se ordenó el inicio del procedimiento sancionador contra las dependencias obligadas a informar; en 83.9 por ciento se ordenó la entrega parcial de la información; en 12.6 confirmó la negativa de acceso a los datos, y en 83.7 por ciento de los casos se confirmó la inexistencia".

En la evaluación, que compara 2007 respecto de 2005 y 2004, se observa que "en cerca de 50 por ciento de los recursos, la mayoría de los comisionados no entran al fondo del asunto, sino que recurren a formulismos legales para desechar las recursos interpuestos por la ciudadanía". Además, no se aplica la suplencia de la deficiencia de la queja (que por ley favorece al ciudadano) en 64.4 por ciento de los casos.

En cambio, aducen que los recursos se presentaron en forma extemporánea o no cubrieron algún requisito. Esto, pese a que "en materia internacional se sostiene que los recursos no deben desecharse por cuestiones formales cuando se trate de derechos básicos, y el acceso a la información pública es un derecho humano".

Las inexistencias "también han crecido y, curiosamente, entre Lujambio y María Marván –ex comisionada presidenta del IFAI– se distribuye el mayor número de solicitudes de información dirigidas a la Presidencia de la República, cuando se supone que la asignación debe ser aleatoria".

Otro hecho es que los comisionados "no convocan (a los funcionarios) a las audiencias públicas, ni al recurrente; tampoco realizan una investigación a fondo". Y no sólo ello, en la gestión de Marván los recursos en su mayoría se resolvían por unanimidad; ahora hay cada vez más votos disidentes de Juan Pablo Guerrero por "diferencias de criterio; quiere decir que alguien quiso cerrar y otro abrir".

Gómez advirtió que la proclividad a la opacidad con Lujambio rebasa el ámbito de los recursos, ya que el comisionado presidente "ha presentado muchos sesgos con su actuación, lo cual demuestra que el organismo se puede ver empañado por perfiles que no se desmarcan de filiaciones partidistas".

Entre los "sesgos" del actuar de Lujambio, citó: "su negativa a abstenerse a resolver casos donde hay conflicto de interés en materia jurídica, especialmente en recursos vinculados con la Presidencia".

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Rodrigo González Fernández
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Cómo asegurar el derecho a saber

Se necesitan herramientas legales adecuadas, autoridades responsables y ciudadanos atentos para evitar que la tendencia habitual de los gobiernos a guardar secretos ponga obstáculos al ejercicio de los derechos fundamentales.

Por: Roberto Saba
Fuente: DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACION POR LOS DERECHOS CIVILES

Poder contar con la mayor cantidad de información posible nos permite ejercer mejor otros derechos, como el de expresarnos libremente, el de votar, el de gozar de un medioambiente sano, de disfrutar de una mejor salud, o de un acceso igualitario a la educación. Sin embargo, como sabemos, la tendencia habitual de muchos gobiernos a guardar secretos hace muchas veces difícil contar con esa información que sólo podemos obtener si es liberada por las autoridades.

Las siguientes son algunas reflexiones sobre dónde recaen las responsabilidades para gozar plenamente del Derecho a la Información Pública en Argentina. En primer lugar, el derecho se ejerce mejor si contamos con las herramientas legales adecuadas.

El Congreso nacional está en deuda en este sentido desde que dejó morir el proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública en 2006 y debería sancionar una ley que esté de acuerdo con los estándares internacionales en la materia. Desde el año 2000, más de 70 democracias del mundo sancionaron leyes nacionales de acceso a la información pública. Entre ellas, ocho corresponden a países de América latina (Chile, Perú, Paraguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica, México y República Dominicana). A nivel provincial, han sancionado leyes de este tipo Córdoba, Jujuy, La Pampa, Chubut, Buenos Aires, Río Negro, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y muchas municipalidades, pero sabemos que gran parte de la información más acuciante la tiene el Gobierno nacional.

Que el Congreso de la Nación no tenga la sanción de esta ley como prioridad es muy lamentable.

Por otro lado, una ley de acceso a la información no alcanza. También es necesario que la administración del Poder Ejecutivo esté preparada para almacenar, archivar, producir y proporcionar información espontáneamente o a pedido de la gente. En este sentido, la buena noticia es que el Gobierno nacional sancionó en 2003 un reglamento, contenido en el decreto 1172 que instruye a la burocracia acerca de su obligación de dar información a las personas que la soliciten. También se ha avanzado un poco en articular prácticas de mayor transparencia y apertura.

Sin embargo, aún hay indicios demasiado claros de que proporcionar información no es una de las virtudes de la administración nacional o provincial. Muy poco se ha avanzado en materia de preservación de información y archivos.

En algunos casos, seguimos rigiéndonos en base a normas increíbles como el decreto de un gobierno militar que ordena la quema de los radiogramas cursados entre los gobernadores y la Casa Rosada al cabo de un año desde su emisión, práctica que ha impedido a investigadores e historiadores reconstruir momentos dramáticos de la vida de nuestro país, como los acaecidos en el intento de golpe de Estado de 1987. Las reveladoras comunicaciones entre el gobernador de Entre Ríos y el presidente Alfonsín, en aquellos angustiantes días, se quemaron un año después.

Esto continúa siendo así. La obligación no deriva sólo del derecho interno. A fines de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Marcel Claude Reyes contra Chile, reconoció que la negativa del gobierno de ese país de dar información que había sido solicitada por un ciudadano violaba el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese tratado también fue firmado por Argentina y ese precedente le indica a nuestro país su obligación de dar información de acuerdo con su compromiso internacional.

Los jueces también tienen una responsabilidad fundamental: la de asegurar el derecho a la información a través de sus sentencias cuando las personas a las que se les negó información acuden a sus estrados para reclamar por el derecho violado. La valiente decisión de la jueza de primera instancia obligando al Estado a proveer los detalles acerca de la metodología utilizada por el INDEC para calcular el índice de precios del consumidor a la Asociación por los Derechos Civiles, fundada en el derecho a saber de las personas, es una brisa fresca en medio de tanto desierto de iniciativas.

Finalmente, nada de todo esto puede funcionar si la gente no asume que tiene un derecho a solicitar información al Estado para poder ejercer otros derechos, su profesión o la ciudadanía misma. Periodistas, historiadores, activistas de derechos humanos, empresarios, o cualquier persona que quiera saber deben pedir información al Estado sobre los temas de su interés. Si no pedimos información, el Estado nunca se sentirá obligado a producirla, almacenarla, archivarla o, mucho menos, a proporcionarla. Todos tenemos algo que hacer para asegurar el derecho a saber.

Periodistas, juristas y políticos debatirán en Sevilla el derecho a la información en período electoral

DERECHO A LA INFORMACION:

Periodistas, juristas y políticos debatirán en Sevilla el derecho a la información en período electoral

Periodistas, juristas y políticos debatirán el próximo jueves en Sevilla el derecho a la información en período electoral, en una jornada organizada por la Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa y el Consejo Audiovisual de Andalucía.

Según informó en un comunicado la Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa, el objetivo de este encuentro que se celebrará en el salón de Grados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla es reflexionar sobre las condiciones en las que se está produciendo la búsqueda, elaboración y publicación de información en período electoral.

El vicepresidente de la Junta Electoral Central y magistrado del Tribunal Supremo, Mariano Baena del Alcázar, expondrá la doctrina de la Junta Electoral Central en relación con la difusión de información política en campaña y precampaña electoral. La Jornada contará también con la participación del catedrático de Ciencias Políticas y Derecho Público y ex presidente de la EPRA, Joan Botella, organismo que integra en a las autoridades europeas reguladoras de los medios audiovisuales.

Durante la jornada sobre Derecho a la Información en Campaña Electoral se celebrarán además dos debates. En el primero sobre bloques electorales y reparto de tiempo en radio y televisión intervendrán el consejero del Consejo Audiovisual de Cataluña, Rafael Jorba; el editor de la RTVA y miembro de su consejo de redacción durante la última campaña electoral, José Antonio Navarro, así como la jurista que ha elaborado el recurso que sobre proporcionalidad informativa han presentado ante el Tribunal Supremo tres organizaciones de periodistas, Gemma Segura López.

La segunda mesa redonda Información y propaganda en períodos electorales reunirá a periodistas y políticos para reflexionar sobre las restricciones impuestas por las organizaciones políticas en debates, mítines y caravanas electorales.

En esta mesa intervendrán el presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, Fernando González Urbaneja; la periodista que durante más de treinta años ha seguido todas las campañas electorales celebradas, Carmen del Riego; el parlamentario andaluz y secretario de Comunicación e Imagen de la ejecutiva regional del PSOE, Miguel Ángel Vázquez; el parlamentario andaluz y vicesecretario general del PP, Ricardo Tarno, y el secretario de Comunicación de IU-CA, José Luis Pérez Tapia.

Terra Actualidad - Europa Press