Delegación de autoridades, parlamentarios y representante de ONG estuvo en el Reino Unido:
A punto de dotarse de una ley de acceso a la información, Chile recoge experiencia inglesa
CLAUDIO SALINAS
En Gran Bretaña hay un comisionado que vela para que los órganos estatales entreguen la información requerida por los ciudadanos. En Chile, dicha tarea quedará en manos de un Consejo para la Transparencia, nombrado entre Gobierno y Senado.
CLAUDIO SALINAS
LONDRES.- Con bastante atraso, Chile está a pocos meses de pasar a engrosar la lista de setenta países que hasta ahora se han provisto de una legislación que garantiza a los ciudadanos el acceso a la información en poder del Estado.
Se trata del proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a Información, cuya génesis arranca de una moción parlamentaria presentada en enero de 2005 y que tras dos años y medio de tramitación en el Congreso está a punto de convertirse en ley.
Entre otros aspectos inéditos, esta normativa permitirá a cualquier ciudadano solicitar información a los órganos públicos y creará un Consejo para la Transparencia, el que debe velar porque dichos órganos respondan a tales requerimientos.
Esta iniciativa es pieza clave de la Agenda de Transparencia y Probidad que impulsa el Gobierno de la Presidenta Bachelet y, cuando se encuentra ya en su última etapa legislativa, un grupo de personeros vinculados al tema viajó al Reino Unido para conocer las instituciones y prácticas británicas en esta área, una importante referencia para poner en vigencia las contempladas en nuestro país.
Invitados por el British Council, fueron a fines de junio a Londres los diputados Jorge Burgos (DC) y Alberto Cardemil (independiente pro Alianza); el Contralor, Ramiro Mendoza; el secretario ejecutivo de la Agenda de Probidad, Rafael Blanco; el abogado de la ONG Pro-Acceso, Juan Pablo Olmedo, y un periodista de este diario.
La ley inglesa de 2000
La nutrida agenda que cumplió la delegación nacional incluyó reuniones con representantes del gobierno y el parlamento, de la oficina nacional de auditoría (el equivalente a nuestra Contraloría), con instituciones autónomas como la Oficina del Comisionado de Información, organizaciones no gubernamentales que trabajan en estos asuntos y también periodistas de la BBC.
Gran Bretaña se dotó en 2000 de una Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act) y recién la puso en vigencia en ¡enero de 2005!, dejándose un periodo de cinco años de preparación para capacitar a los funcionarios públicos.
La ley fue impulsada por el gobierno laborista del ex primer ministro Tony Blair, pero, según el parlamentario lord Lester (liberal demócrata) y el experto Maurice Frankel, las autoridades se han mostrado reacias a acceder a los requerimientos de información presentadas por periodistas y también simples ciudadanos, lo que confirma sus apreciaciones de que el largo periodo que se esperó para ponerla en vigencia respondió más bien a razones políticas.
La legislación británica obliga a cien mil autoridades (nacionales y locales, además de directivos de centros educacionales y de salud) a responder a las solicitudes de antecedentes y estableció entidades especializadas -como un Comisionado de Información y un Tribunal de Información- como instancias para apelar, en caso de que los agentes públicos no respondan positivamente a las peticiones de que sean objeto.
Junto con ello, el gobierno británico creó dentro del ministerio de Justicia una unidad llamada "Clearing House", que está a cargo de ensanchar los espacios de transparencia en el sector público y asesorar a los funcionarios para que respondan a los requerimientos de información.
Pese a ello, lord Lester opinó que "el gobierno del Reino Unido es hostil a la ley de acceso" y se declaró convencido de que "a ningún gobierno le gusta dar información al público al menos que pueda controlar esa información".
Otro aspecto singular que conoció la delegación chilena en Gran Bretaña fue que el Comisionado de Información -que funciona en Wilmslow, en el distrito de Manchester, con unos 270 funcionarios- está simultáneamente a cargo de velar por el acceso de los ciudadanos a la información pública y a la vez proteger los datos personales de los ciudadanos por mandato de la Data Protection Act de 1998.
Según los informes oficiales, en el primer año de aplicación se presentaron cien mil peticiones de información, la mayoría dirigidas a los órganos del gobierno central (básicamente los ministerios de Interior y Defensa). Con el paso del tiempo, la cifra se ha ido reduciendo pero en promedio el 15 a 20 por ciento de las solicitudes son formuladas por periodistas.
¿Cuáles han sido los servicios públicos más asequibles para entregar información?: la policía y el ministerio de Defensa. Y el más renuente: el sistema estatal de salud.
Martin Rosenbaum, periodista de la BBC especializado y activo usuario de la ley, la evalúa positivamente, pero hace hincapié que aún falta que los funcionarios públicos interioricen una nueva cultura de mayor transparencia. Con todo, sostiene que la normativa le ha servido a la prensa para fiscalizar cómo el gobierno gasta los fondos públicos y comprobar cómo las políticas estatales afectan a los ciudadanos.
Lecciones útiles
Rafael Blanco afirma que Inglaterra es uno de los países que más han evolucionado en el último tiempo en materia de transparencia y acceso a información, con la labor de un comisionado que se organiza y funciona de forma muy parecida al Consejo para la Transparencia que creará la nueva ley chilena.
"La experiencia inglesa ha permitido también observar que el acceso de los ciudadanos a la información de los órganos públicos es un modo no solamente de fiscalizar al gobierno de turno, sino que, sobre todo, de transferir capacidad de decisión y mejorar la calidad de vida de las personas al permitirles contar con más y mejor información para tomar decisiones", indicó el secretario ejecutivo de la agenda de probidad del gobierno.
Para el diputado Jorge Burgos, la visita al Reino Unido le resultó útil para su tarea legislativa y en ese marco adelanta que planteará una ampliación del actual plazo de seis meses que consagra la futura ley para poner en vigencia el Consejo para la Transparencia.
Recordó que en Gran Bretaña el plazo fue de cinco años, lo que considera exagerado, pero cree que seis meses es un lapso muy corto para afrontar el cambio cultural que significa amoldar a los funcionarios públicos a las nuevas exigencias y también para nombrar los directivos del Consejo para la Transparencia.
Las singularidades de la contraloría inglesa
El contralor Ramiro Mendoza tuvo la oportunidad de encontrarse en Londres con su contraparte británica, Sir John Bourn, titular de la National Audit Office, aunque el personero chileno tuvo la oportunidad de constatar que hay grandes diferencias entre los sistemas de control de ambos países.
La NAO no efectúa controles de legalidad, sino que básicamente se enfoca en las auditorías de los gastos del gobierno central, tanto en los aspectos puramente contables como las evaluaciones de rendimiento.
La oficina emite unos 650 informes contables anuales, certificando la correcta gestión financiera de los servicios y unos 60 informes de auditoría de rendimiento de gastos, que se entregan al gobierno y se ponen a disposición del Parlamento, que es el órgano al que reporta principalmente la NAO.
Los informes de rendimiento se presentan ante el Comité de Cuentas Públicas del Parlamento -que es presidido por un legislador de oposición- e incluyen sugerencias para mejorar la gestión del gasto. Sin ser imperativas -"no tenemos poder legal para ello ni queremos tenerlo", dice Bill Burnett, encargado internacional de la NAO-, las recomendaciones son recogidas en más del 90% de los casos.
El contralor inglés integra la Cámara de los Comunes y es vitalicio (el actual lleva 20 años).
A punto de dotarse de una ley de acceso a la información, Chile recoge experiencia inglesa
CLAUDIO SALINAS
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CLAUDIO SALINAS
LONDRES.- Con bastante atraso, Chile está a pocos meses de pasar a engrosar la lista de setenta países que hasta ahora se han provisto de una legislación que garantiza a los ciudadanos el acceso a la información en poder del Estado.
Se trata del proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a Información, cuya génesis arranca de una moción parlamentaria presentada en enero de 2005 y que tras dos años y medio de tramitación en el Congreso está a punto de convertirse en ley.
Entre otros aspectos inéditos, esta normativa permitirá a cualquier ciudadano solicitar información a los órganos públicos y creará un Consejo para la Transparencia, el que debe velar porque dichos órganos respondan a tales requerimientos.
Esta iniciativa es pieza clave de la Agenda de Transparencia y Probidad que impulsa el Gobierno de la Presidenta Bachelet y, cuando se encuentra ya en su última etapa legislativa, un grupo de personeros vinculados al tema viajó al Reino Unido para conocer las instituciones y prácticas británicas en esta área, una importante referencia para poner en vigencia las contempladas en nuestro país.
Invitados por el British Council, fueron a fines de junio a Londres los diputados Jorge Burgos (DC) y Alberto Cardemil (independiente pro Alianza); el Contralor, Ramiro Mendoza; el secretario ejecutivo de la Agenda de Probidad, Rafael Blanco; el abogado de la ONG Pro-Acceso, Juan Pablo Olmedo, y un periodista de este diario.
La ley inglesa de 2000
La nutrida agenda que cumplió la delegación nacional incluyó reuniones con representantes del gobierno y el parlamento, de la oficina nacional de auditoría (el equivalente a nuestra Contraloría), con instituciones autónomas como la Oficina del Comisionado de Información, organizaciones no gubernamentales que trabajan en estos asuntos y también periodistas de la BBC.
Gran Bretaña se dotó en 2000 de una Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act) y recién la puso en vigencia en ¡enero de 2005!, dejándose un periodo de cinco años de preparación para capacitar a los funcionarios públicos.
La ley fue impulsada por el gobierno laborista del ex primer ministro Tony Blair, pero, según el parlamentario lord Lester (liberal demócrata) y el experto Maurice Frankel, las autoridades se han mostrado reacias a acceder a los requerimientos de información presentadas por periodistas y también simples ciudadanos, lo que confirma sus apreciaciones de que el largo periodo que se esperó para ponerla en vigencia respondió más bien a razones políticas.
La legislación británica obliga a cien mil autoridades (nacionales y locales, además de directivos de centros educacionales y de salud) a responder a las solicitudes de antecedentes y estableció entidades especializadas -como un Comisionado de Información y un Tribunal de Información- como instancias para apelar, en caso de que los agentes públicos no respondan positivamente a las peticiones de que sean objeto.
Junto con ello, el gobierno británico creó dentro del ministerio de Justicia una unidad llamada "Clearing House", que está a cargo de ensanchar los espacios de transparencia en el sector público y asesorar a los funcionarios para que respondan a los requerimientos de información.
Pese a ello, lord Lester opinó que "el gobierno del Reino Unido es hostil a la ley de acceso" y se declaró convencido de que "a ningún gobierno le gusta dar información al público al menos que pueda controlar esa información".
Otro aspecto singular que conoció la delegación chilena en Gran Bretaña fue que el Comisionado de Información -que funciona en Wilmslow, en el distrito de Manchester, con unos 270 funcionarios- está simultáneamente a cargo de velar por el acceso de los ciudadanos a la información pública y a la vez proteger los datos personales de los ciudadanos por mandato de la Data Protection Act de 1998.
Según los informes oficiales, en el primer año de aplicación se presentaron cien mil peticiones de información, la mayoría dirigidas a los órganos del gobierno central (básicamente los ministerios de Interior y Defensa). Con el paso del tiempo, la cifra se ha ido reduciendo pero en promedio el 15 a 20 por ciento de las solicitudes son formuladas por periodistas.
¿Cuáles han sido los servicios públicos más asequibles para entregar información?: la policía y el ministerio de Defensa. Y el más renuente: el sistema estatal de salud.
Martin Rosenbaum, periodista de la BBC especializado y activo usuario de la ley, la evalúa positivamente, pero hace hincapié que aún falta que los funcionarios públicos interioricen una nueva cultura de mayor transparencia. Con todo, sostiene que la normativa le ha servido a la prensa para fiscalizar cómo el gobierno gasta los fondos públicos y comprobar cómo las políticas estatales afectan a los ciudadanos.
Lecciones útiles
Rafael Blanco afirma que Inglaterra es uno de los países que más han evolucionado en el último tiempo en materia de transparencia y acceso a información, con la labor de un comisionado que se organiza y funciona de forma muy parecida al Consejo para la Transparencia que creará la nueva ley chilena.
"La experiencia inglesa ha permitido también observar que el acceso de los ciudadanos a la información de los órganos públicos es un modo no solamente de fiscalizar al gobierno de turno, sino que, sobre todo, de transferir capacidad de decisión y mejorar la calidad de vida de las personas al permitirles contar con más y mejor información para tomar decisiones", indicó el secretario ejecutivo de la agenda de probidad del gobierno.
Para el diputado Jorge Burgos, la visita al Reino Unido le resultó útil para su tarea legislativa y en ese marco adelanta que planteará una ampliación del actual plazo de seis meses que consagra la futura ley para poner en vigencia el Consejo para la Transparencia.
Recordó que en Gran Bretaña el plazo fue de cinco años, lo que considera exagerado, pero cree que seis meses es un lapso muy corto para afrontar el cambio cultural que significa amoldar a los funcionarios públicos a las nuevas exigencias y también para nombrar los directivos del Consejo para la Transparencia.
Las singularidades de la contraloría inglesa
El contralor Ramiro Mendoza tuvo la oportunidad de encontrarse en Londres con su contraparte británica, Sir John Bourn, titular de la National Audit Office, aunque el personero chileno tuvo la oportunidad de constatar que hay grandes diferencias entre los sistemas de control de ambos países.
La NAO no efectúa controles de legalidad, sino que básicamente se enfoca en las auditorías de los gastos del gobierno central, tanto en los aspectos puramente contables como las evaluaciones de rendimiento.
La oficina emite unos 650 informes contables anuales, certificando la correcta gestión financiera de los servicios y unos 60 informes de auditoría de rendimiento de gastos, que se entregan al gobierno y se ponen a disposición del Parlamento, que es el órgano al que reporta principalmente la NAO.
Los informes de rendimiento se presentan ante el Comité de Cuentas Públicas del Parlamento -que es presidido por un legislador de oposición- e incluyen sugerencias para mejorar la gestión del gasto. Sin ser imperativas -"no tenemos poder legal para ello ni queremos tenerlo", dice Bill Burnett, encargado internacional de la NAO-, las recomendaciones son recogidas en más del 90% de los casos.
El contralor inglés integra la Cámara de los Comunes y es vitalicio (el actual lleva 20 años).
Saludos
Rodrigo González Fernández
www.consultajuridicachile.blogspot.com
Renato Sánchez 3586
telefono: 5839786
santiago-chile
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