Acceso a la información pública: una ley para transparentar la labor del Estado

  18 de marzo 2008

Como un "hito" calificó la aprobación de la ley de transparencia de la función pública y de acceso a la información, Davor Harasic, presidente de Chile Transparente. Y es que después de varios intentos legislativos, esta iniciativa promete marcar "un antes y un después" en materia de probidad. "Representa uno de los pasos más importantes que Chile ha dado para profundizar su democracia y garantizar el ejercicio transparente de la acción gubernamental", señaló Rafael Blanco, secretario ejecutivo de la Agenda de Probidad y Transparencia del gobierno.   Así lo pensaron los senadores Hernán Larraín (UDI) y Jaime Gazmuri (PS) que presentaron juntos la iniciativa en 2005, que luego contó con el respaldo del Ejecutivo. "La publicidad de los actos de gobierno permite que el ciudadano pueda controlar en forma efectiva dichos actos" expresaron en el proyecto de ley, lo que contribuye a fortalecer la transparencia de la función pública y reducir posibles actos de corrupción.      A partir de su entrada en vigencia, los ministerios, servicios públicos, intendencias, gobernaciones, gobiernos regionales, municipalidades, las Fuerzas Armadas, el Congreso y el Poder Judicial, deberán mantener en sus sitios web información actualizada sobre sus funciones, competencias y responsabilidades.   Gracias a la nueva ley cualquier persona, y a través de un procedimiento simple, podrá solicitar información que se defina como pública y que no tenga carácter de reservada según lo que define la misma normativa.   También se crea un Consejo para la Transparencia que sanciona y fiscaliza la entrega de esta información. Este organismo constituye "una innovación" según Juan Pablo Olmedo, presidente de Fundación ProAcceso, que "pone al país dentro de las sociedades democráticas de avanzada en este punto".   "Resta esperar que una ciudadanía activa y vigilante utilice efectivamente este instrumental para estimular conductas probas y aumentar la transparencia en las decisiones y actos de la Administración del Estado", sostiene Rafael Blanco.   Desde su publicación en el diario oficial, la ley entrará en vigencia ocho meses después.   Por Carla Firmani S.

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